Nueve de trece procesados por el feminicidio agravado de la agente Carla Ayala recibieron condenas de entre seis meses y ocho años de cárcel por encubrir el asesinato.
Después de casi tres años de ocurrido el hecho, la justicia llega de forma parcial al caso pues algunos fueron absueltos y el principal responsable, alias “Samurai”, ni siquiera ha sido ubicado por las autoridades.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador leyó el fallo sobre el caso el miércoles por la tarde cuando se reveló que los que recibieron las condenas más altas son los miembros de la PNC.
Pedro Antonio Estrada Villalobos, recibió la condena más alta de ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de 3 mil dólares; Ovidio Antonio Pacheco Morales, siete años y 3 mil dólares; Wilfredo Deras Hernández, a siete años y 3 mil dólares; Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y 1,500 dólares; Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y 1.500 dólares; Alex Obdulo López Martínez a 4 años y 1,500 dólares; Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a 3 años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares.
Asimismo la corporación policial fue condenada al pago de 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, por lo que la cantidad subsidiaria más la condena de cada uno de los sentenciados, hacen un total de 24 mil 500 dólares.
La PNC fue sentenciada además a garantizar ayuda psicológica para la familia de Karla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.
El hecho se registró el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) a la que fue invitada Ayala, que fue el último lugar donde fue vista y su cadáver fue encontrado hasta en septiembre del 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután.
Por el caso fue sobreseído el jefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de deberes y fue sobreseído porque se logró comprobar que el dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.
“Ha quedado establecido que él dio las órdenes, coordinó que se le detuviera a Castillo, pero tampoco podía estar coordinado y persiguiendo al sospechoso”, dijo la jueza, al justificar la absolución del oficial.
Otros absueltos por falta de evidencia fueron Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.
Mientras que los condenados son los siguientes: Pedro Antonio Estrada Villalobos, a ocho años de
