Al menos 20 denuncias existen actualmente en contra del acalde saliente de San Salvador, Ernesto Muyshondt, en la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, la institución no ha tomado acciones al respecto.
El único caso en el que está siendo procesado es en el que es acusado de negociar con pandillas y de momento se encuentra aplazado por petición de la FGR y recientemente que fue emplazado por el caso de la apropiación indebida de las retenciones a los trabajadores municipales, en la que únicamente es procesado el tesorero de la Alcaldía de San Salvador.
Esta mañana, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció que dentro del Ministerio Público existen estructuras que protegen al alcalde Muyshondt y esa es la razón por la que aún han en su contra, pese a que las acusaciones estan de malversación de fondos y otros delitos, están debidamente sustentadas
“Yo no estoy diciendo que el fiscal general lo encubre, pero yo si estoy diciendo que en la Fiscalía hay todavía estructuras montadas de Douglas Meléndez y de otros exfiscales que en alguna medida fueron personas serviles del poder económico de este país y de los grupos facticos de este país”, señaló el funcionario.
De acuerdo al ministro Castro, el abrirle un nuevo expediente a Muyshondt obligaría a la FGR a girar una orden administrativa de detención en su contra y que queden sin efecto las medidas cautelares de las que actualmente goza por el caso de la negociación con pandillas.
“Según el Código Penal, no puede gozar de dos medidas alternas a la detención por eso es que hay un encubrimiento claro y contundente de la Fiscalía General de la República de no abrir expediente con Muyshondt”, explicó Castro.
El ministro adelantó que en los próximos días dará a conocer los nombres de la red de fiscales, jueces y magistrados que estarían encubriendo al alcalde Muyshondt, y a los también empleados de la comuna Juan Carlos Montes, Alexander Suriano y Gustavo Moreno.
Hoy cientos de sindicalistas bloquearon los accesos a San Salvador para exigir a la Fiscalía que proceda en contra del edil capitalino por los negocios oscuros que endeudan la municipalidad y compromete el dinero de los ciudadanos, pero también por apropiarse de las retenciones laborales de los trabajadores, a quienes les adeuda cerca de $8 millones.
