Ministro Rolando Castro se mantiene fiel en su lucha por lograr una justicia equitativa

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro se mantiene firme con su postura que la justicia debe ser equitativa, un discurso que ha manejado desde que es consciente que las instituciones que deben procurar la justicia se han movido en favor de los empresarios y poderosos.

Tal es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Douglas Meléndez, que no investigó a profundidad la participación de Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, en la entrega de miles de dólares que hizo a las pandillas, un hecho que aparece en videos, los cuales fueron utilizados por su mismo equipo fiscal como prueba para condenar a cientos de pandilleros.

Extrañamente, La FGR no presentó una acusación formal en contra de Muyshondt a pesar que el mismo juez del caso operación Cuscatlán ordenó la investigación del político y de la procedencia de fondos que entregó a los grupos terroristas.

Esta mañana el funcionario publicó desde cuenta de Twitter exigió que el exfical Douglas Meléndez enfrente la justicia «por haber protegido delincuentes en El Salvador y haber puesto la Fiscalía como una sucursal de Fito Salume».

Otro de los casos en los cuales el ex ministro puso en relieve la justicia selectiva que se aplicaba en el país fue cuando puso un recurso ante la anterior Sala de lo Constitucional para que se eliminara la participación en las elección de alcaldes y diputados, de Ernesto Muyshondt quien buscaba su reelección.

Los magistrados nunca atendieron ese recurso pese a que anteriormente resolvieron de manera exprés dejar afuera de eso comicios al candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, por tener un proceso abierto por el delito de expresiones de violencia en contra de la mujer.

Este es el mismo discurso que manifestó ante las autoridades que defienden los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su reciente gira por Ginebra, Suiza, donde explicó que las circunstancias mencionadas anteriormente son algunas de las razones por las que fueron removidos de sus cargos tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional como el fiscal General de la República, Raúl Melara, quien mantuvo una postura condescendiente con los miembros de su partido ARENA.

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