No era un secreto que las autoridades querían cerrar el campamento que migrantes varados en Ciudad Juárez instalaron junto al Río Bravo; la mayoría de los más de 700 venezolanos desalojados quedó en condición de calle, solo unos 70 aceptaron su traslado a un albergue
Lo que hicieron no es justo, dice Andreína, una migrante venezolana. “No es justo cómo nos sacaron a la fuerza”. Su voz se agita mientras camina apresurada con una mochila semivacía colgada a la espalda y cobijas enrolladas sostenidas con sus brazos sobre su pecho.
Fue todo lo que pudo rescatar antes de que fuera desalojada por las autoridades junto a más de 700 venezolanos de un campamento instalado junto al Río Bravo, a la altura de la colonia Bellavista, donde las personas migrantes procedentes de Venezuela permanecían desde mediados de octubre a la espera de cruzar a Estados Unidos.
Después de las seis de la mañana de este domingo, autoridades del gobierno de Ciudad Juárez, del Consejo Estatal de Población (COESPO), de Protección Civil, del Grupo Beta llegaron al campamento para exhortar a los migrantes a buscar un refugio en otro lugar.
Ofrecieron trasladarles a albergues en camiones que acercaron al río; sin embargo, la mayoría de las personas migrantes rechazaron el ofrecimiento y respondieron que no se moverían del lugar, donde permanecían en resistencia pacífica en demanda de asilo al gobierno estadounidense.
El diálogo de las autoridades con los migrantes se extendió por más de dos horas, después llamaron a policías municipales y estatales, quienes encabezados por elementos del Grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desalojaron, a punta de empujones y patadas, a los migrantes y demolieron el refugio improvisado.
“Estamos siendo atropellados directamente con los cuerpos policiales, con migración, todos en conjunto y de verdad nos sorprende la manera en que ellos están haciendo el atropello porque es a la fuerza”, dijo Edison Ritch, uno de los migrantes que fue interrumpido por otras personas a su alrededor empezaron a gritar “Derechos Humanos” al ritmo que aplaudían.
Mientras los policías y empleados municipales y estatales avanzaban desmontando las casas de campaña y recogiendo las cosas que se quedaron en el lugar, cientos de migrantes se hacinaban frente al campamento, sobre la calle Norzagaray, entre el patio de un taller mecánico y el exterior de viviendas, sin saber para dónde ir.
“Llevamos tiempo insistiendo en que deben ir a los albergues”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Hector Rafael Ortiz Opinel, quien por algunos momentos avanzó junto a los antimotines entre los migrantes. Él intentaba hablar con las personas mientras que los policías las empujaban.
El funcionario municipal informó que el desalojo se llevó acabo con la intención de resguardar la integridad física de los migrantes que se encontraban asentados en la orilla del Río Bravo, una zona considerada de alto riesgo.
“Atendimos un dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil municipal y estatal que estableció que por condiciones de salubridad, posibilidad de incendio e incluso ahogamiento por la presencia del Río Bravo, era necesario invitarlos a acudir a los diferentes albergues, sumado a la baja de temperaturas que se vive en la ciudad”, dijo el funcionario mientras personal de Limpia Municipal recogía las pertenencias de los migrantes que quedaron en el lugar.
Del otro lado del río, agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, del Sheriff, de la State Trooper (policía estatal de Texas) y militares estadounidenses permanecieron alineados observando las acciones de las autoridades mexicanas. Un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional sobrevoló en círculos mientras el campamento era desmantelado.
