El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sienta un precedente nefasto en los procesos electorales al mantener la inscripción de Muyshondt y d’Aubuisson para las próximas elecciones de alcaldes a realizarse el 28 de febrero de 2021.
A pesar que es de conocimiento público que ambos candidatos tienen procesos judiciales abiertos y que el que el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, presentó ante el TSE una denuncia con documentos para demostrar que ambos tienen pendientes con la Ley; los magistrados decidieron apelar a una débil argumentación para no inhabilitarlos.
La gravedad del asunto es que tres artículos del mismo Código Electoral que rige el actuar de los magistrados del TSE prohibe que las personas que ya han sido condenadas o que mantienen procesos judiciales sean candidatas a cargos de elección popular.
Por un lado el actual alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson tiene dos condenas en las que le ordenan el reinstalo de más de 150 empleados municipales que despidió por hacer un negocio turbio (del cual hasta la fecha no ha dado explicaciones) con una empresa de recolección de desechos sólidos.
En otra de las condenas le ordena el pago inmediato de los salarios que los trabajadores dejaron de percibir por su acción arbitraria de despedirlos para contratar a una empresa privada, en ambas ocasiones desatendió las sentencias con lo cual se configura otro delito tipificado como desobediencia.
El caso del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien busca la reelección es más grave pues su caso salió en todos los periódicos nacionales en el cual es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de entregar miles de dólares a los líderes de pandillas a cambios de votos para el candidato a la presidencia de su partido ARENA, Norman Quijano, en los comicios presidenciales del 2014.
De ese caso, la FGR tiene videos y testigos que ya han sido acreditados en otros procesos judiciales que terminaron en condenas; pero el caso en contra de Muyshondt se comenzó solo hasta que algunos jueces se lo ordenaron a la FGR.
Este caso es más grave de lo que se observa a simple vista pues por un lado hay un financiamiento a las pandillas que son organizaciones declaradas «terroristas» y las responsables de múltiples crímenes en el país, pero por otro es un delito relacionado a un proceso electoral y un claro antecedente que el candidato Muyshondt no respeta los procesos electorales.
En una entrevista a radio YSKL que concedió el Presidente de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, Armando Cienfuegos, aseguró que la demanda del ministro no cumplía con algunos requisitos que establece el Código Electoral.
«Estas razones, contravienen las disposiciones del Código Electoral que exige a los candidatos no tener antecedentes judiciales», expuso Castro en las solicitudes; quien además señaló que las denuncias se deben presentar en las JED, pues «el Tribunal no está conociendo de ningún caso de inscripciones de Concejos Municipales, el Tribunal sólo conoce inscripciones de Diputados: Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano”,
Ante esa excusa, el ministro de Trabajo, que actualmente se encuentra en un gira por Estados Unidos reaccionó y desde sus cuenta de Twitter señaló: «
Con esta descripción se sienta un precedente que cualquier delincuente en este país se inscribe por leguleyos jurídicos, o sea de ser cierto esta noticia, lo que dice la JED, si son delincuentes pero el escrito no lo presentó en la respectiva instancia. Magia de @TSEElSalvador«
