El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, reprochó la actitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de permitir a la Alcaldía de San Salvador, dirigida por Ernesto Muyshondt, que tire la basura en una zona prohibida.
Esto a pesar que tanto un Juzgado Ambiental como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), han emitido contundentes resoluciones en las que ordenan el cierre definitivo de la planta de transferencia de desechos sólidos Aragón, que más bien es un botadero a cielo abierto ubicado en el kilómetro 6 de la carretera a Comalapa.
La FGR que está consciente de esas resoluciones no actúa en consecuencia, por el contrario ha amenazado con procesar a las personas que en protestas pacíficas obstaculicen la entrada de los camiones recolectores de basura de la Alcaldía de San Salvador a ese lugar.
Desde su cuenta de Twitter, el funcionario indicó: “Esto es para la historia de El Salvador. Hay resolución del Juzgado Ambiental, hay resolución del Ministerio de Medio Ambiente, ambos de CIERRE y la honorable FGR ordena depositar basura en lugar prohibido, solo para proteger a un delincuente (INÉDITO). No disimulan”.
El problema es que el alcalde de San Salvador no sólo ha generado problemas de insalubridad y salud a los habitantes de los alrededores del botadero, además ha generado una crisis entre los empleados municipales.
Por más de un año, el alcalde les ha retenido sus cuotas laborales pero que no las ha trasladado a las instituciones correspondientes como la AFP, Seguro Social, bancos y la PGR, generando graves problemas en su situación financiera, de salud y familiares.
En su momento, los afectados comunicaron la situación al ministro de trabajo para que interceder en el caso y desde entonces el funcionario ha tutelado los derechos de los empleados en un largo proceso que inició con interponer un aviso ante la FGR.
El caso se elevó a una denuncia penal que interpuso el ministro Castro en contra del edil Muyshondt por la retención de cuotas laborales a 5,500 trabajadores, el 27 de mayo; sin embargo, las autoridades fiscales se han negado a actuar contra el alcalde capitalino.
De igual forma, Muyshondt ha sido acusado de tener participación en el hecho contra el dirigente sindical Weder Arturo Meléndez Ramírez, de 40 años; y de administrar un “trol center” pagado con fondos de la comuna.
De acuerdo con Castro, de esta manera el fiscal Melara demuestra que, tal como dijo el presidente Nayib Bukele, para el fiscal “hay ciudadanos de primera y de segunda clase”, pues contra el alcalde Muyshondt no ha procedido a pesar de tener un aviso penal desde hace meses
