El gobierno de China estaría operando decenas de «centros de servicios de policía» ilegales y secretas en Argentina y otros 50 países, bases que pueden ser disfrazadas de restaurantes, inmobiliarias y otros comercios, según afirma un organismo de control de las libertades civiles en un informe.
El informe de la ONG de derechos humanos Safeguard Defenders advirtió que China estaba operando al menos 54 «centros de servicios policiales en el extranjero» no declarados como parte de una red global para obligar a los disidentes del régimen de Xi Jinping a regresar a Beijing.
“Su verdadero propósito, sin embargo, es un medio para que el Partido Comunista Chino (PCCh) tome la ley en sus propias manos, sin importar la jurisdicción, y para, en sus propias palabras, ‘tomar medidas enérgicas contra diversas actividades ilegales y criminales que involucran a personas chinas en el extranjero”, dice el informe.
«Estas operaciones evitan la cooperación policial y judicial bilateral oficial y violan el estado de derecho internacional, y pueden violar la integridad territorial de terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales», dijo el informe.
Laura Harth, directora de campaña del grupo, dijo a The Associated Press que «uno de los objetivos de estas campañas, ya que es reprimir la disidencia, es silenciar a la gente». «Entonces la gente tiene miedo. Las personas que están siendo atacadas, que tienen familiares en China, tienen miedo de hablar».
Los investigadores de Safeguard Defenders describieron la existencia de posibles sitios en las principales ciudades del mundo luego de que las oficinas de seguridad chinas en Fuzhou y Qingtian hicieran públicas sus direcciones.
Safeguard Defenders afirmó que estas estaciones son probablemente una «fachada» que los funcionarios chinos usan para reprimir a sus críticos en el extranjero mientras administraban las solicitudes administrativas y presionaban a los disidentes para que regresaran.
En principio, el régimen chino rechazó las afirmaciones de que se trataba de estaciones de policía secretas e insistió en que los puestos de avanzada se utilizaron para disuadir el «fraude transnacional» y brindar servicios diplomáticos a los ciudadanos chinos que viven en el extranjero.
Tras la publicación de la investigación, el 9 de octubre el periódico español El Correo publicó una explicación de las autoridades chinas, diciendo de que las operaciones policiales ilegales se están utilizando para “convencer” a presuntos delincuentes de que regresen a China para enfrentar la justicia.
El funcionario anónimo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo al periódico: «Los tratados bilaterales son muy engorrosos y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué tiene de malo presionar a los criminales a enfrentar la justicia…”
Estas comisarías ilegales se presentan como ventanillas únicas para los chinos en el extranjero, que ofrecen asesoramiento legal, procesamiento de documentos y ‘líneas directas’ a la policía en China.
Europa tiene la mayor concentración de centros policiales no declarados del mundo. Varios gobiernos occidentales ya reaccionaron a los informes y comenzaron investigaciones en ciudades como Londres, Glasgow, Nueva York, Ottawa, Dublin, Madrid, Amsterdam, Rotterdam y Sidney.
