El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos avisos de investigación en contra de dos empresas de procesamiento de datos y venta de equipos informáticos, que entre ambas han evadido el pago de cerca de $1 millón 127 mil dólares.
El Director General de Impuestos Internos, Rubén Ordoñez, explicó que en uno de los casos encontraron «evasión por defraudación al fisco, pues se encontró que habían incrementos patrimoniales no justificados y costos que estaban deducidos ilegalmente, el cual tenía un monto de hasta $663 mil dólares».
Mientras que el otro caso es en contra de una empresa la cual realizó retenciones indebidas a sus empleados de hasta por $474 mil dólares (con la multa que se ha generado). «La empresa durante todo el ejercicio fiscal 2018 retuvo a sus empleados, luego presentó los informes al Ministerio de Hacienda pero no enteró nunca las retenciones», explicó Ordoñez.
Cada jueves, los funcionarios del Ministerio de Hacienda se han acercado a la FGR para denunciar casos de empresarios que no han cumplido con el pago de impuestos y otros que se apropian de las cuotas retenidas de los salarios de los trabajadores.
Sin embargo, este mismo día el Ministro Zelaya aprovechó para expresar su descontento con la última sentencia que hizo la Cámara Tercera de lo Penal, en uno de los casos denunciados, la cual reconoce que la empresa INTRATEX, que es propiedad de dos miembros de la familia Simán, evadió $5,3 millones de dólares en impuestos, al mismo tiempo en que no dicta medidas contundentes para que la compañía cumpla con el pago.
En ese sentido solicitó a la Fiscalía que presente un recurso de apelación porque considera que la sentencia favorece a la empresa pues indica que se recuperen los fondos a través de un proceso administrativo, es decir que no tendrá ninguna consecuencia penal si la empresa no retribuye los fondos al Estado a pesar que la acción es considerada un delito en la Constitución de la República.
Lo más grave del caso es que esa resolución es la respuesta a un recurso que interpuso la defensa de la empresa, del cual no fue notificado el ministerio de Hacienda sino hasta que ayer cuando la Cámara ya había emitido una sentencia.
De acuerdo al funcionario este es un mal precedente para la justicia salvadoreña pues abre las puertas a los empresarios a dejar de cumplir sus compromisos con el Estado. «Necesitamos dar castigos ejemplares a los que se roban los sueños de nuestra gente», señaló el ministro.
