
El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro y la Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso para que investiguen un posible caso de corrupción durante los gobiernos del FMLN en la construcción del Hospital Regional en San Miguel.
“Estamos presentando un aviso por corrupción suscitada en los dos gobiernos del FMLN, que suman alrededor de $120 millones, es una investigación interna que se ha hecho en el ISSS”, desde hace un año, señaló Castro.
Algunas de las irregularidades que encontraron en la licitación del proyecto que fue adjudicado a la empresa IBT Group es que fue la única compañía que presentó oferta en el concurso, pese a que otras 29 más retiraron los términos de referencia, las cuales terminaron reclamando que tuvieron muy poco tiempo para preparar sus propuestas.
El contrato que suscribieron con IBT se logró con amaños, ya que el anterior director Ricardo Cea firmó un acuerdo en 2014 sin tener un permiso especial de parte del presidente de la República de ese entonces que era, Salvador Sánchez Cerén, el cual se requiere para realizar ese tipo de adjudicaciones, por lo que el secretario Conan señaló que usurpó funciones que no le corresponden, por lo tanto es un contrato lesivo y debe considerarse nulo.
El contrato que inicialmente era de $69 millones, se fue incrementado en varias ocasiones hasta llegar a un aproximadamente de $120 millones, de dinero que «han aportado los derecho habientes» explicó el abogado.
El caso no termina ahí ya que de momento «Hay un litigio a través de un arbitraje que ni siquiera inició Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) (a favor del Estado) sino que lo inicia IBT Group (la contraparte) que está reclamando $16.1 millones de dólares porque está pidiendo que el Estado le pague más todavía», prosiguió Castro.