En las instalaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) se mantienen los empleados municipales de la alcaldía de San Salvador protestando en contra del alcalde, Ernesto Muyshondt por no pagar sus salarios, por el impago de las retenciones laborales y para exigir el reinstalo de sus compañeros despedidos de forma injustificada.
Por meses los afectados han venido señalando una serie de abusos que ha cometido el alcalde Muyshondt en contra de los trabajadores como apropiarse de más de $5 millones de dólares de las cuotas que son retenidas a los salarios de los empleados pero que no son transferidas a las instituciones correspondientes.
Con el apoyo de sindicatos como la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) han realizado diversas manifestaciones de protesta como cierre de calles, bloqueo en el acceso de diferentes dependencias de la alcaldía, incluso han realizado huelgas de hambre sin que esto sensibilice al edil de las consecuencias de sus actos, ni mucho menos lo ha motivado a darles respuestas contundentes.
Este día el alcalde busca responsabilizar a los empleados municipales sobre la crisis sanitaria que hay en las calles por la basura, pero la realidad es que ellos al igual que la población en general de la capital, están desprotegidos por el edil porque no cumple sus derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo.
La gravedad de las acciones del alcalde va más allá de un error en la administración, pues la Constitución de la República establece que la apropiación indebida de cuotas laborales es penado con hasta ocho años de cárcel.
Sin embargo, el alcalde a sabiendas que ya mantiene un proceso judicial abierto por supuestas negociaciones ilícitas con las pandillas decidió ignorar la ley y las consecuencias que traerían sus actos y de forma deliberada se apropió de las cuotas laborales que los empleados municipales con mucho esfuerzo se ganan mes a mes.
Los empleados municipales están conscientes que el edil es un delincuente reincidente y no comprenden porqué es protegido por la Fiscalía General de la República (FGR) que a diferencia de otros casos donde ha conseguido ejemplares condenas para alcalde por el mismo delito, en este caso se fue en contra del tesorero a quien busca culpar por la apropiación de las cuotas laborales.
Otra muestra que el alcalde no tiene respeto por la Ley es que de forma cínica desobedece la resolución de un juzgado medio ambiental de cerrar el botadero Aragón que es un grave problema para los habitantes de los alrededores por ser un foco de infección.
Con todo lo anterior los manifestantes tienen claro que el alcalde no cumple las leyes, no cumple a la población y mucho menos les cumple a los trabajadores, pero no van a descansar hasta que esta situación se revierta.
