El ministro de Trabajo considera que «la sala está enviando un mal mensaje» al no resolver demandas de inconstitucionalidad
El ministro de Trabajo llegó la tarde de este miércoles 10 de febrero a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a presentar un nuevo escrito en el que exige «pronta y cumplida justicia», respecto a las dos demandas de inconstitucionalidad que interpuso contra las candidaturas de los alcaldes de San Salvador y Santa Tecla, Ernesto Muyshondt y Roberto d’Aubuisson por tener procesos judiciales abiertos.
El ministro señala que este escrito es importante debido a que no ha recibido respuesta de los recursos que presentó hace más de diez días, a pesar que las demandas están basadas en la misma jurisprudencia que el alto tribunal estableció para declarar ilegal la candidatura a diputado de Walter Araujo en siete días.
«El petitorio es concreto número uno es que de forma inmediata se emita la medida cautelar para inhabilitar de sus cargos y para que no aparezca en la papeleta pero como la papeleta ya está impresa le pedimos que ordene de inmediato a la planilla del concejo de Santa Tecla y del concejo de San salvador la inhabilitación de estos actores que son infractores de la ley», explicó Castro.
El funcionario explica que esta acción no atiende a un hecho político pues asegura que de ser así esperaría a que el 28 de febrero se cumplan los pronósticos de los resultados de las encuestas que han lanzado en los últimos meses las diferentes casas encuestadoras. «no hay ni una tan sola encuesta que le de la más mínima oportunidad de ganar a Muyshondt o d’Aubuisson».
«Lo que estoy haciendo es poniendo a prueba el Estado de Derecho de El Salvador y especialmente a la Sala de lo Constitucional que emite una resolucióny medidas cautelares por un posible delito en contra de una sola persona. Muyshondt tiene dos procesos abiertos uno en Juszgado Segundo de Instrucción y otro en el Octavo de Instrucción. En el caso de d’Aubuisson es peor porque tiene dos condenas», explicó el funcionario.
El funcionario explicó que el artículo 167 del Código Electoral dice que si una persona tiene una condena en el Contencioso administrativo automáticamente queda inhabilitado de participar en cargos de elección municipal. «Por lo tanto sería arbitrario e ilegal y fundamentalmente a tener una justicia selectiva que para un lado se aplica un criterio de ley y para otro se interpreta de otra manera» detalló
Aunque es consciente que la sala puede denegar su petición con alguna «leguleyada jurídica», ésta quedará en evidencia ante el pueblo salvadoreño y ante la comunidad internacional.