El fiscal general de Irán apunta a la abolición de la policía de la moral tras más de dos meses de protestas

A policeman talks to Iranian soccer female fans as they arrive the Azadi (Freedom) stadium in western Tehran, October 10, 2019. Despite the Iranian sports ministry making tickets for Iranian female soccer fans for the March 29th match between Iran and Lebanon, they were denied entry, making the Iranian football federation fear they will be banned from the 2022 World Cup in Qatar. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

Tras más de dos meses de protestas en las calles y una dura represión, el régimen de Irán lanza señales de posibles cambios en el uso del velo, obligatorio para las mujeres en público, y apunta a la abolición de la policía de la moral. El presidente del país, Ebrahim Raisi, afirmó durante una intervención en la televisión el sábado que, si bien los fundamentos islámicos de Irán, que amparan el código de vestimenta, están blindados, “la aplicación de la Constitución podía ser flexible”. Esta semana, el Gobierno ha mostrado cierta predisposición a revisar la estricta ley de 1983, que obliga a las mujeres a cubrirse el pelo con un velo o a llevar ropa holgada fuera de casa y que se ha convertido en el símbolo de las revueltas iniciadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini el 16 de septiembre bajo custodia policial. Amini había sido detenida por llevar mal puesto el hiyab. En el arranque de las protestas, Raisi mantuvo un rechazo contundente hacia los manifestantes pidiendo “actuar con decisión contra ellos”, y reclamó una aplicación rigurosa de la legislación relativa al velo.

Amini, de origen kurdo, fue apresada por la policía de la moral, que también está en el punto de mira de las protestas. Precisamente, sobre este cuerpo se ha pronunciado el fiscal general, Mohammad Jafar Montazeri, que ha planteado su abolición sin dar más detalles. Ni el Ministerio de Interior ―de quien depende la policía de la moral, como remarcaron medios iraníes afines al régimen― ni ningún otro cargo gubernamental lo han confirmado o desmentido. “La policía de la moral ha sido desmantelada por la misma gente que la creó”, ha sostenido Mohammad Jafar Montazeri al responder a una pregunta sobre la cancelación del grupo, según han recogido varias agencias. “Además, [este cuerpo] no tiene nada que ver con el poder judicial”, ha remarcado sin aportar más datos.

La policía de la moral, conocida como Gasht-e Ershad (patrullas de orientación o guiado), fue fundada en 2006 bajo la presidencia del también conservador radical Mahmud Ahmadineyad, en el cargo entre 2005 y 2013. A diferencia

del grupo paramilitar Basij, con vínculos con la Guardia Revolucionaria y creado en 1980 por el ayatolá Jomeini, la finalidad de la policía de la moral es “difundir la cultura de la decencia y el hiyab”. Sus unidades están formadas por hombres, que visten traje verde, y mujeres con chador negro, prenda que cubre todo el cuerpo salvo la cara, y una de sus tareas es vigilar la aplicación de los códigos de vestimenta marcados por la ley de 1983, aprobada cuatro años después de la Revolución Islámica que derrocó la monarquía del sha. En las últimas semanas, medios como el periódico reformista iraní Shargh y ciudadanos en sus redes sociales han publicado informaciones señalando una menor presencia de estos supervisores del decoro en las calles. Una decisión que interpretaban como un intento de desescalar las manifestaciones, unidas bajo el emblema feminista “mujer, vida, libertad”.

Además de sugerir la posible disolución del cuerpo, durante su intervención, el fiscal general también se refirió a un posible relajamiento de las políticas de vestimenta: “El Parlamento y el poder judicial están trabajando [en su articulación]”. A pesar de esa afirmación, tampoco especificó los cambios que implicaría dicha reforma. Montazeri hizo estas declaraciones en la ciudad de Qom, importante centro teológico iraní, que acoge el Santuario de Fátima. La urbe ejerce de sede de la escuela donde se forman los ayatolás y es un relevante destino de peregrinación religiosa. A pesar del aparente tono aperturista de sus palabras, el fiscal quiso remarcar que “llevar mal el hiyab, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del poder judicial, así como de nuestra sociedad revolucionaria”. “Pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso”, añadió

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