Daniel Ortega acusa a la UCA de “terrorismo” y ordena incautar todos sus bienes

Una jueza de Managua giró un oficio acusatorio contra la universidad jesuita este 15 de agosto, consumando así la confiscación de facto de la UCA y todos sus bienes materiales y económicos, después de inmovilizar sus propiedades y congelar sus cuentas bancarias. En 2022, un diputado oficialista ya había señalado al recinto de ser “un centro de terrorismo”

na jueza de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha girado este martes 15 de agosto un oficio acusando a los directivos de la Universidad Centroamericana (UCA) de “terrorismo”, al mismo tiempo que ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos de la alma mater jesuita. De esa manera el régimen concluye la confiscación de facto del recinto, después de inmovilizar sus propiedades, congelar sus cuentas bancarias y revocar la acreditación de su Centro de Mediación.

Una fuente judicial y otra ligada a la universidad confirmaron por separado el giro acusatorio que fue notificado la tarde de este martes a las autoridades del centro superior de educación. A pesar del avasallamiento contra la UCA en la última semana, a través de varios correos electrónicos a su comunidad educativa, la universidad informó que estaban realizando “gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario”.

De hecho, este 15 de agosto emitieron una circular referida al pago de aranceles de la primera quincena del mes corriente, ya que, tras el congelamiento de sus cuentas bancarias, surgió la incertidumbre de cómo realizar los pagos de matrículas para el ciclo lectivo que inicia este 21 de agosto.

La Fiscalía de la recién reelecta Ana Julia Guido formuló la acusación, según la fuente judicial. Por ahora la querella contra los directivos de la UCA no aparece en el sistema del Poder Judicial. No obstante, ha sido una tónica que los casos políticos se ventilan hasta que el régimen los hace públicos.

La UCA no ha dicho nada sobre su confiscación hasta el momento. Otra fuente ligada a los jesuitas dijo que fue “tal el susto” causado por el giro judicial, que varios directivos de la alma mater salieron de inmediato de Nicaragua. “Hay preocupación por la salud del rector Rolando Alvarado, que padece del corazón”, narró la fuente. En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro ya había señalado a la UCA de “terrorista” y de no estar “al día” con el Ministerio de Gobernación (Migob). “La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”.

“Este es un golpe a la Compañía de Jesús, a la Iglesia Católica, al conocimiento y al libre pensamiento. ¿Vos pensás que han perdonado que haya un monumento a Alvarito Conrado en el Colegio Loyola? ¡Nada, no perdonan!”, dijo a DIVERGENTES otra fuente ligada a la UCA. “Los jesuitas en Nicaragua han pasado de la Teología de la Liberación a una teología que libera contra los Ortega-Murillo”.

Con esta orden judicial la UCA queda confiscada y pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen Ortega-Murillo que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua. Exestudiantes de la UCA, catedráticos y opositores insisten que la confiscación es una venganza de la pareja presidencial contra la universidad por su papel en las protestas sociales de 2018, cuando abrieron sus puertas a los manifestantes y mantuvieron una posición muy crítica frente a los crímenes de lesa humanidad ejecutados por policías y paramilitares.

Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada.

La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5, 000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Actualmente existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) entre ellas, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD).

El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Frente Sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas.

Desde abril de 2018, la represión del régimen contra la UCA incrementó, como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías del CNU. En marzo del año pasado, se ordenó quitarles el 6 % constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. 

El exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados el año pasado, al negarles la entrada al país después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA. 

El padre Idiáquez denunció en 2018 que lo amenazaron de muerte y responsabilizó al gobierno de Ortega de lo que le pudiera pasar. “Ortega va a terminar como un asesino”, dijo Idiáquez el 15 de junio de 2018 al diario El País. Estas declaraciones se dieron después de que el 30 de mayo de 2018, el padre abrió las puertas de la UCA para refugiar a más de 5, 000 personas durante el ataque a la marcha del Día de las Madres, una de las más grandes manifestaciones en la que miles de personas se solidarizaron con las madres y familiares de los asesinados en abril de ese año. 

En los últimos cinco años, las autoridades de la UCA han sido acosadas por medio de dos vías: por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la organización rectora de la educación superior de Nicaragua, y la Dirección General de Impuestos (DGI). 

El acoso del CNU eran revisiones exhaustivas y extraordinarias de las acreditaciones de las carreras y maestrías que eran engorrosas y generaban un trabajo descomunal para los encargados. “A la UCA le pedían con especial encono esas acreditaciones”, dijo la fuente.

La última acción fue la revocación de la acreditación de su Centro de Mediación. El catedrático Ernesto Medina considera que el cierre de la institución sería “catastrófico para Nicaragua”, pues esta universidad “es el modelo a seguir en la búsqueda de una universidad que se adecua a la realidad nicaragüense”. 

Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), dijo que la UCA es “la única institución que ha intentado convertirse en una universidad de verdad para un país como Nicaragua”. El experto en educación superior destacó que la UCA cuenta con centros de investigación de nivel latinoamericano y una biblioteca de calidad. “Se está amenazando a una universidad que en 60 años de historia ha prestado un servicio invaluable a Nicaragua, en términos de formación, de proyección social, de imagen”, añade el catedrático desterrado y desnacionalizado por el régimen. 

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