Comunidades aledañas a la planta Aragón temen nueva crisis ambiental debido a que las alcaldías de S.S. y Santa Tecla siguen arrojando desechos

Los habitantes de las comunidades aledañas a la planta de transferencia Aragón, al sur de la capital, han manifestado su preocupación ante la posibilidad de una nueva crisis ambiental, debido a que la alcaldía de San Salvador y de Santa Tecla están arrojando promontorios de basura en el suelo, pese que existe una orden judicial prohíbe usar el lugar como basurero a cielo abierto.

En noviembre de 2019, cuando la comuna capitalina presentó dificultades para trasladar la basura al relleno sanitario de Nejapa, debido a la millonaria deuda que mantiene con una empresa privada dedicada al manejo de desechos sólidos (MIDES), en la planta se acumularon más de cuatro mil toneladas de basura.

Tras una inspección ocular, el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó a la comuna capitalina no seguir depositando basura en el lugar debido al riesgo de un daño ambiental . En su momento, el Juzgado le otorgó 10 días a la comuna para retirar la basura del lugar. “La municipalidad únicamente está autorizada para realizar el retiro de los desechos allí acumulados, más no para ingresar nuevos”, especifica la dependencia judicial.

Los vecinos de las comunidades El Cañito, Las Brisas II y Aragón han denunciado que desde el fin de semana los camiones recolectores pertenecientes a diferentes ciudad, que colaboraron con la comuna capitalina, han depositado sin control los desechos sólidos acumulados en la capital.

“Depositan la basura en suelo y se ha venido acumulando la cantidad de basura, lo que ha generado malos olores que se extiende a varios kilómetros a la redonda. Además, vemos que los líquidos (lixiviados) están llegando nuevamente a la quebrada El Garrobo”, denunció un residente de la zona que pidió reserva de su nombre.

Las residentes solicitan la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que detenga los abusos, que comente, según los vecinos, el alcalde Muyshondt, al no acatar un fallo judicial.

La situación es más complicada si se considera que la planta de transferencia era utilizada solo por la alcaldía de San Salvador y solo eso genera grandes problemas medio ambientales y de salud para los pobladores de la zona, ahora además llegan los desperdicios de otro municipio.

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