a Asamblea Legislativa aprobó en sesión plenaria este miércoles una serie de modificaciones a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, a fin de proteger el resguardo de la información personal que es recopilada por agentes económicos y las agencias de información de datos.
Entre las modificaciones, se prohíbe a los burós de crédito que operan en el país, compartir o comercializar con terceros el número de teléfono y correo electrónico que el cliente haya proporcionado para ser alertado de las consultas a s historial de crédito.
De acuerdo a la ley, los burós: Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED) no podrán compartir o comercializar con terceros este tipo de información de los usuarios.
La infracción a esta ley será sancionada desde 40 hasta 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Si la afectación es a intereses difusos o colectivos, entonces la multa será de 600 salarios mínimos.
La reforma fue aprobada con 53 votos a favor.
“Como nueva Asamblea Legislativa estaremos atentos a que se respete la institucionalidad, la legalidad, la inclusión financiera y el derecho a la autodeterminación informativa”, dijo el diputado Caleb Navarro, y a la vez agregó: «no contemplaremos los abusos de los sectores económicos o de poder que tradicionalmente tomaban protagonismo en el primero Órgano del Estado”.
El pasado 30 de julio, tras escuchar a los diferentes actores privados y gubernamentales involucrados en el tema, los diputados de la Comisión Financiera emitieron un dictamen favorable para que se modificara 20 artículos de la normativa.
“Hoy realizamos un esfuerzo más a las reformas ya planteadas hace unos meses, con el propósito de realizar precisiones conceptuales, establecer límites al uso de la información sensible como número de teléfono y correo electrónico de los clientes o usuarios de los agentes económicos y tipificarlo como una infracción grave”, explicó el legislador William Soriano.
Por su parte, el diputado Óscar García indicó que: “La Ley de Regulación de los Servicios Financieros debe de estar en la misma sintonía que los derechos que pretende resguardar la Constitución de la República en el artículo dos, que son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
