Centenares de miembros del movimiento sindical se concentraron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para protestar en contra de la criminalización de la lucha sindical.
Los representantes de más de cincuenta organizaciones llegaron desde temprano a la sede de la FGR en Santa Elena, para denunciar que son víctimas de «persecución política» por parte del fiscal general, Raúl Melara, quien obedece a intereses partidarios.
Aunque los sindicalistas tienen claro que el fiscal general es una cuota partidaria de ARENA, lo que realmente les convence que favorece a los políticos de derecha, es la manera en que prioriza los casos que investiga.
Los sindicalistas le recriminan que no da celeridad a los procesos en contra del alcalde (por ARENA) de San Salvador, Ernesto Muyshont, quien es acusado de negociar con pandillas, además de ser el responsable del impago de más de un año de retenciones laborales de los trabajadores municipales.
Por otra parte, le reclaman a Melara que no procede en contra del alcalde de Santa Tecla (también de ARENA), Roberto d’Aubuisson, quien se reúsa a reinstalar a más de 100 empleados de la recolección de desechos sólidos despedidos de forma injustificada, a pesar que existe una resolución judicial que le ordena hacerlo.
Los sindicalistas señalan que el trato con guantes de seda que da el fiscal a los alcaldes areneros es completamente diferente al que recibe la clase trabajadora organizada, que ha sido criminalizada por salir a la calle y exigir sus derechos.
Por un lado hay ocho dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ) que enfrentan un proceso judicial por realizar acciones de protesta en contra de la orden que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron para iniciar las labores en medio de la pandemia sin que estuvieran establecidos protocolos de seguridad ni equipo de protección sanitaria.
En ese sentido los sindicalistas buscaban proteger la salud y la vida de los trabajadores en un momento crítico de la pandemia en el país, cuando los casos nuevos iban en aumento y había un temor generalizado en toda la población por la enfermedad.
También denuncian que después de meses, no han investigado el homicidio de líder sindical de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), Weder Meléndez, quien se dedicó a exigir los derechos de sus compañeros y que en alguna manera se convirtió en una molestia tanto para el alcalde Muyshondt como para sus aliados en el concejo municipal.
Si las razones anteriores no fueran suficientes para comprobar la parcialidad del fiscal Melara también es oportuno mencionar que líderes sindicales de la Alcaldía de Soyapango fueron atacados a tiros de parte del jefe del CAM, quien atendía órdenes del alcalde (también de ARENA), Juan Pablo Álvarez, pero este no es procesado por el caso.
Es por eso que le recuerdan al fiscal que la libertad sindical es un derecho constitucional que debe respetar.
