Capturan a exfuncionarios del FMLN por presunto lavado de dinero

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el jueves por presunto lavado de dinero a varios ex funcionarios de la administración del expresidente por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes, como la exministra de Salud, Violeta Menjívar, la ex viceministra de Educación Erlinda Hándal, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el ex ministro de Trabajo, Calixto Mejía, y el exviceministro de Agricultura Hugo Flores.
Las ordenes fueron giradas por la Fiscalía General República (FGR) institución que además busca al expresidente Salvador Sánchez Cerén, Gerson Martínez y Manuel Quinteros, exviceministro de Obras Públicas; a Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente, y a José Guillermo López, exministro de Agricultura y al expresidente Salvador Sánchez Cerén.
A excepción de Gerson Martínez, la Fiscalía sostiene que los últimos se encuentran fuera del país, por lo que pedirá una orden de difusión roja a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Mientras tanto, no pueden ser considerados prófugos de la justicia ni tener difusión sin que un juez lo autorice.
¿De qué se les acusa?
Entre 2009 y 2014, período en que gobernó el expresidente Mauricio Funes, la Asamblea Legislativa aprobó alrededor de 80.8 millones de dólares para la partida de “gastos reservados de la presidencia” o partida secreta, como se conoce la cuenta financiada dentro del presupuesto general de la nación.
Esta partida ha sido manejada de forma discrecional por los presidentes de turno, por lo que su uso ha generado polémica durante años debido a la facilidad con la que puede ser utilizada para beneficio personal y no de la función pública.
El fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado González, dice que las capturas de los exfuncionarios provienen de investigaciones iniciadas en 2019 en torno a esa partida, que según el Ministerio Público pasó de 80 a 351 millones de dólares en el periodo de Funes.
Un fondo del que supuestamente se pagaron sobresueldos, es decir bonos extras al salario de los funcionarios para premiar favores políticos.
La Fiscalía asegura que los capturados no solo recibieron sobresueldos de entre 174.000 y 565.000 dólares, sino que algunos propiciaron transferencias de fondos sin autorizaciones de la Asamblea.
“Todas estas personas recibían entregas de dinero en efectivo y en montos diferenciados mensualmente adicionales al salario que por ley les correspondía”, afirmó Delgado.